En la Argentina los derechos territoriales de los pueblos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional. Sin embargo, la implementación de sus derechos a la tierra y al territorio permanecen aún pendientes.

En 2010 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los pueblos originarios, a raíz del cual se supo que el 2,38% de la población forma parte de los 31 pueblos indígenas del país. Pero este censo no incluyó a los nativos que no viven dentro de las comunidades, sumándolos se obtendría un total de casi 2 millones de aborígenes, es decir, un 5% de la población.

Para solucionar los problemas territoriales, en 1985 fue sancionada la ley 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas.

La auditoría realizada por la AGN en el ámbito del INAI en el período 2010-1015 determinó que:

- El programa de fortalecimiento comunitario de asistencia jurídica a las comunidades indígenas en procesos judiciales y extrajudiciales resulta insuficiente, ya que un 62% tiene o tuvo un conflicto territorial y un 25% tiene o tuvo órdenes de desalojo.
- El organismo carece de presupuesto y capacidad institucional para mediar e intervenir en las principales actividades que afectan la vida de las comunidades.
- A pesar de los permanentes reclamos de los pueblos y comunidades, la participación de representantes indígenas en la estructura organizativa del Instituto es prácticamente nula y no se realiza la consulta previa.
- Tampoco cuenta con un diagnóstico integral de la situación de las comunidades indígenas con relación al desarrollo económico, social y cultural.
- No se lo ha dotado de los recursos humanos, materiales ni tecnológicos.
- No cuenta con un plan estratégico que defina metas de cumplimiento ni con un sistema digitalizado de información y archivo.
- No tiene una estrategia de comunicación, educación y difusión de los derechos indígenas.

Este informe pone en evidencia que el derecho a la tierra y al territorio muestra una brecha significativa entre el marco legal establecido y su efectiva implementación.
 

12/07/2017