01/03/2018
La Reserva de Biósfera San Guillermo, ubicada en la provincia de San Juan, comprende la Reserva Provincial San Guillermo, administrada por la autoridad provincial, y el Parque Nacional San Guillermo, que constituye la zona núcleo, el cual es gestionado por la Administración de Parques Nacionales. Ambas administraciones trabajan conjuntamente para monitorear las variables biológicas del área.
 
La Auditoría General de la Nación examinó la gestión ambiental de la Reserva de Biósfera San Guillermo, centrándose en tres aspectos principales: la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la articulación entre las autoridades nacionales y los organismos provinciales vinculados a la administración de la reserva, y la gestión ambiental propiamente dicha del Parque Nacional San Guillermo.
 
Si bien hay distintas opiniones sobre si la minería es sustentable, en la zona de amortiguamiento, que corresponde a la Reserva Provincial de San Guillermo, se encuentran varios emprendimientos mineros, entre ellos el de Veladero, en el cual se registraron incidentes -dentro del período de auditoría- en 2015 y 2017, los cuales se encuentran judicializados.
 
Hasta la fecha de cierre de la auditoría, el Estado Nacional no determinó si la mina Veladero se encuentra o no dentro de la zona periglacial.
 
Por otro lado, durante la auditoría no se han encontrado proyectos de investigación vinculados a actividades aptas en el área ni acciones de desarrollo sustentable que financien investigaciones.
 
En su informe, la Auditoría General de la Nación destaca: la realización de dos Revisiones Periódicas, una línea de base y el Censo Nacional de Camélidos, como así también la aprobación de planes de manejo conjunto entre San Juan y la Administración de Parques Nacionales.
 
Resta avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos para monitorear variables biológicas en beneficio de las poblaciones aledañas a la Reserva de Biósfera San Guillermo. También falta la implementación de planes de uso público, acciones ante posibles emergencias, educación ambiental, y control y vigilancia en el Parque Nacional.
 
No existe en la Argentina ninguna norma de orden nacional que regule expresamente la figura de Reservas de Biósfera y la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no desarrolló un sistema de gestión que comprenda todas las áreas protegidas bajo diferentes categorías de protección a nivel nacional e internacional.
 
Esta auditoría deja en evidencia, una vez más, la necesidad de sancionar una ley de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas, que contemple la conservación del patrimonio natural propios de cada región y especifique los roles de las instituciones que trabajan en la protección de los recursos naturales.